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Determinados acreedores ordinarios disponen de vías legales alternativas para obtener el pago de sus créditos al margen del concurso del transportista.

Toda solicitud de concurso por parte de una empresa supone un gran quebradero de cabeza para sus acreedores, sobre todo si sus créditos no gozan de ningún privilegio de cobro preferente respecto del resto de reclamantes.

Son los denominados ‘acreedores ordinarios’, grupo al que pertenecen la generalidad de los acreedores comerciales y que por su condición, no obtendrán dinero alguno de su participación en el concurso a no ser que la empresa concursada tenga viabilidad o, en su defecto, suficientes bienes tras su liquidación. En el mejor de los casos, estos acreedores sufrirán una reducción de sus créditos, que serán pagados en diferido a lo largo del tiempo.

En nuestro sector, la reciente noticia de la posible solicitud de concurso de acreedores de Transportes Souto  ha hecho saltar las alarmas de muchos de los acreedores de este gigante del transporte. ¿Recuperaré algo de mi crédito? Y de ser así, ¿Qué cuantía? Estas son las dos preguntas que actualmente se están planteando, entre otros, los acreedores ordinarios de esta entidad.

Pues bien, en el sector del transporte, a diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, determinados acreedores ordinarios gozan de vías alternativas para la recuperación íntegra de sus créditos al margen del concurso.

Así, aquellos transportistas efectivos cuyos portes no han sido abonados por la empresa de transportes concursada podrán obtener su cobro del cargador o de cualquier otro de los intervinientes en la cadena de contratación por vía de la acción directa.

Por su parte, los almacenistas con los que la empresa concursada contrató el almacenaje de mercancías pertenecientes a otras entidades gozan de un derecho de retención sobre las mismas hasta que le sean abonados sus honorarios y demás gastos del almacenaje. Cuantías éstas que tendrán que satisfacer los propietarios de los bienes si quieren recuperarlos.

Por otro lado, los reclamantes por pérdidas y daños a las mercancías causadas durante la ejecución de un contrato de transporte concertado con la empresa concursada deberán solicitar al administrador concursal que les informe de si la deudora tenía suscrito o no un seguro de responsabilidad civil que pudiese cubrir su reclamación.

De ser así, dichos reclamantes dispondrán de una acción directa contra la mencionada aseguradora. Igualmente, gracias al principio de solidaridad que rige en los casos de subcontratación del transporte, los reclamantes podrán dirigir su acción de daños y perjuicios contra cualquier otro transportista, distinto al transportista en concurso, que haya intervenido en la ejecución del transporte.

Finalmente, aunque los mencionados acreedores opten por una de las alternativas expuestas para obtener el pago de sus reclamaciones es recomendable que no hagan una dejación de sus derechos en el concurso. Y es que, independientemente de que hayan optado por otras vías, no pierden nada por comunicar sus reclamaciones al administrador concursal dentro del plazo legalmente establecido para ello.

Artículo publicado por Cadena de Suministro el 2 de marzo de 2018.

El Tribunal Supremo considera que la cláusula que regula las condiciones de la cobertura de robo de mercancías en los contratos de seguro de transporte limita los derechos del asegurado. Por tanto, la aseguradora no podrá oponerla ante una reclamación si en el momento de la contratación del seguro el asegurado no fue debidamente informado de su contenido y la aceptó por escrito.

El robo de mercancías durante el transporte genera numerosa litigiosidad no sólo entre cargadores y transportistas, sino también entre éstos y sus aseguradoras. Y es que, en ocasiones, las aseguradoras rechazan la cobertura de la reclamación al considerar que su asegurado no cumplió con las condiciones establecidas en la  correspondiente cláusula del contrato de seguro que regula la cobertura de robo.

Es entonces cuando surge la discusión sobre la naturaleza jurídica de dicha cláusula. ¿Se trata de una “cláusula delimitadora del riesgo” o estamos ante una “cláusula limitativa de los derechos del asegurado”?. Por clausulas delimitadoras del riesgo se entienden aquellas que determinan lo que cubre el seguro (su objeto); mientras que las limitativas son aquellas que, una vez establecido el objeto del seguro, restringen, condicionan o modifican el derecho del asegurado a ser indemnizado cuando se produce el riesgo.

La cuestión expuesta no es irrelevante; ya que, en función de como se considere la cláusula, la Ley de Contrato de Seguro establece unos requisitos u otros para su aceptación por parte del asegurado.

Así, basta con una aceptación genérica del contrato por parte del asegurado para la incorporación de las cláusulas delimitadoras del riesgo. Por su parte, el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro exige que las clausulas limitativas se encuentren destacadas de un modo especial en el contrato y que sean específicamente aceptadas por escrito por el asegurado. De esta manera, al afectar las cláusulas limitativas directamente a los derechos del asegurado, la Ley busca garantizar que éste conozca lo que está aceptando y que su suscripción se realice de manera indubitada.

De no darse los requisitos expuestos, la cláusula limitativa será considerada nula por efecto de la Ley y su contenido no podrá ser exigido por la aseguradora aunque conste en el contrato. Es por ello que, cuando la cláusula de robo no cumple con lo exigido por el artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguro, el transportista busca que sea declarada nula con el fin de evitar el rechazo de su reclamación ante el incumplimiento de las condiciones establecidas por dicha cláusula.

Por su parte, ante tal alegación, las aseguradoras mantienen su rechazo, al entender que se trata de una cláusula limitadora del riesgo y que la misma resulta vinculante para el asegurado por haber sido aceptada genéricamente, junto con el resto del contrato, en el momento de la suscripción del seguro.

Pues bien, tras múltiples sentencias de nuestros tribunales en uno y otro sentido, el Tribunal Supremo zanjó finalmente la controversia entre transportistas y aseguradoras en su sentencia de 7 de noviembre de 2017. En su resolución, el Tribunal Supremo consideró que las cláusulas de robo en el seguro de transportes de mercancías limitan los derechos del asegurado, y que, por tanto, su efectividad está sometida al cumplimiento de las exigencias de previo conocimiento y de aceptación por escrito antes mencionadas.

La sentencia es de una especial trascendencia tanto para transportistas como para sus aseguradoras. Los primeros salen beneficiados, ya que sus reclamaciones no estarán sometidas al contenido de la cláusula de robo del contrato de seguro de no haber cumplido previamente la aseguradora con los requisitos establecidos por la Ley de Contrato de Seguro.

Mientras que, por su parte, las aseguradoras no sólo tendrán que revisar los condicionados de sus pólizas, sino que además deberán cerciorarse de la aceptación indubitada de las cláusulas de robo. De lo contrario, serán consideradas nulas y no podrán oponer el incumplimiento de su contenido ante una reclamación.

Artículo publicado por Cadena de Suministro el 16 de febrero de 2018.